Crimen organizado extorsionaba a presidentes municipales. Presupuesto municipal, financiamiento del narco. Obligados a pagar sicarios con dinero público.
Tuxtla Gutiérrez; 10/ABR/2025.- El Fiscal General del Estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, reveló un alarmante mecanismo mediante el cual el crimen organizado se financiaba en la entidad: con dinero proveniente directamente de alcaldías municipales, otorgado bajo amenaza y coerción.
En conferencia de prensa, Llaven Abarca, ex fiscal durante los primeros años del actual sexenio estatal, fue enfático: “Todavía no hemos ganado la batalla contra los delincuentes, no echemos las campanas al vuelo”. Esta frase marcó el tono sombrío de sus declaraciones, centradas en la infiltración del crimen en estructuras de gobierno local.
De acuerdo con el titular de la Fiscalía, los grupos criminales, principalmente en la zona de la Sierra, extorsionaban a presidentes municipales para obtener recursos con los que luego financiaban la compra de armamento, tecnología y el pago a sicarios.
“Tenemos suficientes datos que comprueban esta práctica”, aseguró sin titubeos, aunque se reservó nombres específicos de municipios o funcionarios involucrados, argumentando razones de seguridad y confidencialidad en las investigaciones.
La operación criminal era sistemática: los alcaldes eran amenazados con sufrir represalias personales y contra sus familias si se negaban a desviar parte de su presupuesto municipal hacia las arcas del crimen. “Usaban el terror, el miedo, el chantaje y amenazas, hasta que los alcaldes eran sometidos y obligados a guardar silencio total”, dijo.
Estas revelaciones abren un nuevo capítulo en la compleja lucha contra el crimen organizado en Chiapas, una entidad que ha enfrentado en los últimos años una escalada de violencia ligada a disputas territoriales entre cárteles, y ahora, a la infiltración en estructuras municipales.
Llaven Abarca advirtió que, pese a los avances en materia de seguridad, aún queda un largo camino por recorrer: “No podemos cantar victoria mientras estas redes de complicidad y miedo continúen operando en nuestros municipios”.
El Fiscal no descartó futuras acciones legales y una mayor coordinación con instancias federales para desmontar estas redes de colusión. Sin embargo, también hizo un llamado a la sociedad y a los propios gobiernos locales a romper el silencio y denunciar estos actos, a fin de restituir el estado de derecho en las comunidades afectadas.