Desplazados de la zona de conflicto en Chiapas exigen indemnización por 42 mil hectáreas tomadas desde 1994.
MDR
Fuente: Cuarto Poder
Tuxtla Gutiérrez; 12/Junio/2025.- A más de tres décadas del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), propietarios rurales desplazados de los municipios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas exigen al gobierno federal el cumplimiento de una sentencia judicial que ordena la indemnización por la pérdida de más de 42 mil hectáreas de tierra.
Raymundo Augusto García Álvarez, presidente del Consejo de Vigilancia de la Asociación Civil de Propietarios Rurales Desplazados de la Zona de Conflicto, denunció en entrevista que, desde 1994, más de 400 propietarios han vivido en calidad de desplazados internos, sin el respaldo de las autoridades federales, estatales o municipales.
“El gobierno federal deberá indemnizar a los propietarios de ranchos cuyos terrenos quedaron en poder de los rebeldes durante el conflicto con el EZLN. Han pasado 31 años desde que fuimos desplazados y aún seguimos esperando justicia”, declaró García Álvarez.
Según el líder de los desplazados, una resolución de un juez federal determinó que el Estado Mexicano fue omiso en garantizar sus derechos y en brindarles protección tras la irrupción del movimiento zapatista, por lo que debe resarcir los daños ocasionados. El fallo ordena crear una comisión gubernamental que atienda las afectaciones económicas y patrimoniales sufridas por los afectados, incluyendo la pérdida de tierras, maquinaria, ganado y otras pertenencias.
“Exigimos que se dé cumplimiento inmediato a la sentencia judicial. Ya es momento de que se reconozca el abandono institucional que hemos vivido desde 1994. Las autoridades deben responder por su inacción y reparar los daños”, agregó García Álvarez.
El conflicto armado iniciado por el EZLN el 1 de enero de 1994, considerado un hito en la historia contemporánea de México, dejó múltiples heridas sociales, políticas y económicas en la región de Los Altos y la Selva Lacandona. Si bien el movimiento fue respaldado por numerosos sectores sociales por su lucha en favor de los derechos indígenas, otros grupos, como los propietarios rurales desplazados, señalan haber sido víctimas colaterales del enfrentamiento.
Hasta el momento, el gobierno federal no ha emitido una respuesta oficial sobre el cumplimiento de la sentencia judicial ni sobre la posible creación de la comisión especial para la indemnización de los afectados.
Los desplazados, que en su mayoría han vivido en condiciones precarias desde su expulsión, reiteran su exigencia de justicia y reparación integral. “Lo que pedimos no es un favor: es un derecho y una deuda histórica que el Estado Mexicano debe saldar”, concluyó García Álvarez.