Tres funcionarios de Protección Civil fueron detenidos por presunta extorsión en Tuxtla Gutiérrez. Los hechos ocurrieron en la carretera a Chicoasén, en Tuxtla Gutiérrez.
Tuxtla Gutiérrez; 21/Junio/2025.- En un operativo conjunto, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) detuvieron a tres personas identificadas como Pedro “N”, Abelina “N” y Lizbeth “N”, quienes se desempeñaban como servidores públicos en la Secretaría de Protección Civil, por su presunta participación en el delito de extorsión agravada.
De acuerdo con información oficial, la detención se realizó en respuesta a una denuncia ciudadana recibida por elementos de seguridad que se encontraban en recorridos de vigilancia sobre la Carretera a Chicoasén. La víctima, un empresario del sector restaurantero cuya identidad se mantiene reservada, informó que había sido citado en una cafetería por los ahora detenidos, quienes le exigieron una suma de dinero a cambio de no clausurar sus negocios.
Ante la gravedad de la denuncia, los agentes de seguridad acudieron al lugar señalado, donde se entrevistaron con el denunciante. Según su testimonio, los presuntos responsables habían huido a bordo de una camioneta Ford F150, misma que fue interceptada por los elementos policiales poco después.
Los tres implicados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica conforme al avance de las investigaciones.
La Secretaría de Protección Civil, a través de su titular Mauricio Cordero Rodríguez, expresó su total disposición para colaborar con las autoridades competentes y reiteró su compromiso con la legalidad y el combate frontal a la corrupción dentro de la institución.
Este caso se enmarca dentro de la estrategia de “Cero Corrupción y Cero Impunidad” impulsada por el gobierno estatal encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar, que busca erradicar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público y restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Las autoridades exhortan a la población a denunciar cualquier acto de corrupción del que sean víctimas o testigos, como parte de un esfuerzo conjunto por construir una administración más transparente y justa.