Marco Guillén JR
MEXICALI, BC; 25/MARZO/2026.– El blindaje político de Jaime Bonilla Valdez se ha roto, un juez de control vinculó a proceso al exgobernador y senador con licencia, tras revelarse un esquema financiero que pretendía hipotecar las finanzas de Baja California mediante una planta fotovoltaica inexistente.
La Fiscalía del Estado sostiene que la administración de Bonilla comprometió 12,000 millones de pesos en un contrato leonino con la empresa Next Energy, los delitos imputados peculado y abuso de autoridad derivan de un proyecto que, a pesar de no contar con permisos federales ni un solo panel instalado, ya generaba retenciones mensuales de 123 millones de pesos al erario estatal.
La caída de Bonilla no es fortuita, es el clímax de una guerra política con su sucesora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, al romper el silencio sobre la herencia de deudas, la gobernadora activó una ofensiva jurídica que desmanteló el «bonillismo», mientras Bonilla denuncia una «venganza política», las pruebas documentales confirman un manejo opaco que hoy lo tiene frente a la justicia.
Aunque enfrentará el proceso fuera de prisión tras pagar una garantía de 100,000 pesos, el mito de su intocabilidad se ha desmoronado
,con seis meses para la investigación complementaria, el hombre que intentó prolongar su mandato por decreto ahora lucha por evitar una condena penal que sepulte definitivamente su carrera política.
