- Fin a los “usos y costumbres”: Chiapas prohíbe y sanciona el matrimonio infantil.
- Fin a la impunidad: Chiapas penaliza uniones forzadas.
- Chiapas endurece penas contra el matrimonio infantil.
- Hasta 15 años de cárcel por casar a menores en Chiapas.
MDR
Tuxtla Gutiérrez; 02/Febrero/2026.- En una sesión calificada como histórica, el Congreso del Estado de Chiapas aprobó reformas al Código Penal para tipificar y sancionar la cohabitación forzada de personas menores de 18 años, una práctica arraigada en algunos contextos comunitarios que, de acuerdo con autoridades y organizaciones civiles, ha derivado en una grave crisis de derechos humanos y salud pública en la entidad.
La reforma establece penas de 8 a 15 años de prisión para quien obligue, induzca o gestione la unión de un menor de edad, ya sea mediante acuerdos económicos o bajo el argumento de los llamados “usos y costumbres”. Las sanciones se agravarán cuando la víctima pertenezca a una comunidad indígena o cuando el agresor sea un familiar directo, reconociendo la vulnerabilidad adicional que enfrentan las niñas y adolescentes en estos entornos.
La aprobación de la nueva normativa responde a “cifras alarmantes”. Chiapas cerró 2025 con un estimado de “cerca de 10 mil nacimientos anuales de madres menores de 17 años”, incluidos “cientos de casos de niñas entre 10 y 14 años”. A partir de ahora, estos embarazos serán presumidos por la ley como producto de “violencia o coacción”, dada la imposibilidad legal y material de consentimiento a esa edad.
El panorama sanitario agrava la urgencia de la medida. La entidad ocupa el “segundo lugar nacional en muertes maternas”, y el riesgo de fallecimiento durante el embarazo o el parto es “cinco veces mayor en niñas menores de 15 años”, debido a la inmadurez fisiológica y a la falta de acceso a servicios médicos especializados, particularmente en zonas rurales.
Datos de colectivos y cifras del INEGI refuerzan el diagnóstico: 14.7% de las menores que fueron madres señalaron que su embarazo fue consecuencia de coacción o violación, lo que evidencia que la llamada “cohabitación” funciona, en muchos casos, como un cautiverio legitimado por el entorno social.
Más allá del impacto en la salud, las uniones forzadas tienen consecuencias estructurales. Se estima que nueve de cada diez niñas en esta situación abandonan la escuela, perpetuando ciclos de pobreza extrema y exclusión social.
Con esta reforma, Chiapas se alinea con los compromisos internacionales de protección a la infancia, enviando una señal clara: ninguna práctica cultural puede estar por encima del derecho de niñas y adolescentes a vivir libres de violencia, a la educación y a la salud. La implementación efectiva de la ley y el acompañamiento institucional en las comunidades serán claves para que este avance legislativo se traduzca en una protección real.
